EveryOne Group is carrying out an information campaign (alongside the South American organizations for the protection of peoples) in support of the appeals of the indigenous Amazonians of Peru, who have been persecuted by governmental institutions and been the victims of attacks from the police during their legitimate demonstrations against the exploitation of the land they have always lived on. An exploitation that violates Convention 169 of the International Labour Laws of Indigenous and Tribal Populations and the UN Declaration on Indigenous Peoples, both signed by Peru.
At the same time, our activists have appealed to the United Nations and the Nicaraguan Government to offer urgent international protection and political asylum to Alberto Pizango (in the photo), leader of AIDESEP, the association fighting to prevent the destruction of the Amazon Forest in Peru, whose protection is essential for the survival of the natives and their culture.
Pizango’s commitment has been and is fundamental in ensuring that the crimes against his people are not being perpetrated behind a wall of silence which conceals political and private interests while attempting to justify an ethnic genocide and a crime against the environment.
Perú: el Grupo EveryOne y todas asociaciones para los derechos humanos anuncian un primer resultado importante
Perú suspende la ley que motivó los disturbios en los que murieron 34 personas. La oposición al Gobierno de Alan García exige la derogación definitiva de la norma
ELPAÍS.com - Lima / Madrid - 10/06/2009
El Congreso de Perú ha suspendido el decreto conocido como Ley de la selva, tras los violentos enfrentamientos del pasado fin de semana en la Amazonia en los que perdieron la vida 34 personas. Esta ley, que había sido rechazada por las comunidades indígenas de la selva peruana, permanecerá suspendida durante 90 días con el objetivo de estudiar posibles modificaciones y encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos, que piden que se respeten sus derechos sobre la tierra.
La suspensión, acordada tras un debate de cinco horas, recibió el apoyo de Partido Aprista, en el Gobierno, la Alizanza por el Futuro, partido de Fujimori, los conservadores Unidad Nacional y la independiente Alianza Nacional. La oposición al Gobierno peruano, integrada por el Partido Nacionalista Peruano junto con otros grupos minoritarios, rechazó la iniciativa y exigió la derogación definitiva del decreto.
El decreto legislativo 1090, conocido como ley de la selva, que modifica la Ley Forestal del año 2000, fue aprobado el 28 de junio de 2008 como parte de un grupo de leyes propuestas por el Ejecutivo peruano para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Gobierno sostiene que la norma pretende regular y supervisar la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.
Protestas indígenas
Sin embargo, los indígenas de la Amazonia peruana temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada y denuncian que la norma fue aprobada sin el consentmiento de los pueblos nativos, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde hace dos meses, unas 5.000 personas de más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se han pronunciado en contra de dichos decretos y han bloqueado carreteras y vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y, en los últimos días, cortes de energía.
El episodio más violento se produjo el pasado fin de semana, cuando 34 personas murieron en los choques entre los nativos y la policía , que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana. Los peores enfrentamientos ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima.
Alan García pide una solución pacífica para el conflicto
Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, ha declarado que el Congreso está dispuesto a hacer las "variaciones necesarias" a las leyes propuestas por el Ejecutivo. García ha recordado que el Parlamento modificó la mitad de los artículos de las leyes propuestas por el Gobierno para "defender la selva de los depredadores y cocaleros" y ha agregado que si el Tribunal Constitucional decide que hay una infracción será "en buena hora" porque esa es una solución pacífica al conflicto.
Alan García ha condenado los sucesos del pasado viernes en Bagua y ha dicho que la solución "no pasa por matar a 24 policías. Eso es un crimen que no puede quedar impune". El jefe de Estado dijo que los policías tuvieron "voluntad democrática y de diálogo" con los nativos pero que murieron "de una manera salvaje y bárbara".
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